CASO MALDONADO

En muchas cuestiones serias y complejas, los argentinos tendemos a confundirlo todo, no sé si intencionalmente o porque nuestra idiosincrasia es así, pero hacemos del batifondo un estilo de actuación. El llamado “caso Maldonado” no escapa a esa realidad.

El primer aspecto es la desaparición de un connacional en un episodio aun sin aclarar, del cual no voy a opinar porque no tengo información suficiente. Tampoco diré que creo en la Justicia, porque ésta no atraviesa por el mejor momento de credibilidad, y sí afirmo que espero y deseo aparezca sano y salvo.

El segundo aspecto hace a la politización partidaria del caso, en donde se ve lo despreciable de ciertos sectores de la clase política y de los mal llamados defensores de los derechos humanos. Ya sabemos que entre nosotros los derechos humanos solo cuentan para la militancia de extrema izquierda y los violentos, al tiempo que les importa nada los derechos humanos de otros colectivos, como, por ejemplo, el de todos los cuidadnos que nos vemos afectados por la acción descerraja de activistas alterando el orden (palabra infame para la extrema izquierda) de calles y ciudades. Tampoco importan los derechos humanos de las fuerzas de seguridad ni sus familias, a los que vituperan hasta la condena pública.

En tercer lugar, y por fuera del oportunismo repugnante de políticos de la oposición que podríamos considerar “más racionales”, encontramos a grupos subversivos de diferentes vertientes, los que bajo la defensa de los “derechos de los pueblos originarios” aprovechan para accionar en contra del Estado de Derecho. Si su reclamo fuera honesto, ¿Por qué aparecer encapuchados?. Debemos tener siempre presente que hay grupos reaccionarios que no admiten el disenso y mucho menos, haber perdido poder, por lo tanto, buscaran en la violencia y la subversión lo que no pueden conseguir por el escrutinio popular.

En cuarto lugar, lo que es realmente importante, el aspecto fundamental es la integración real de los pueblos originarios en la Nación Argentina, negando sí la “autodeterminación” que reclaman, pero reconociendo también la condición de pueblos ancestrales, respetando sus costumbres y hasta donde la legitimidad lo permita, parcialmente su hábitat solariego. Aquí no cabe la demagogia y debemos reconocer que en los últimos cuatro siglos ocurrieron hechos que han configurado una distribución de la tierra conforme a los métodos de cada época. Seria impudente y estéril hoy, ponerse a discutir cómo se desarrollaron a lo largo de la historia las conquistas y colonizaciones, el avance de la civilización, el desarrollo humano etc etc. Si así fuera, también debiéramos cuestionarnos porqué los pueblos originarios quedaron al margen de civilización y el progreso, ¿fue por discriminación o por decisión propia atendiendo a legados arcaicos incompatible con los tiempos que vivimos? Volviendo a la propiedad de la tierra, hay que considerar que, a inicios del siglo XX (aunque existen antecedentes coloniales) se crea el Catastro parcelario geométrico y se establece la vinculación con el Catastro económico, otorgándose títulos legítimos a los propietarios. ¿Queremos también discutir la propiedad privada consagrada ya en 1853?

Por ello, cuando hablo de integración real, debe entenderse y asumirse literalmente, ya que la demagogia política que pario la constitución de 1994, en su Artículo 75 inciso 17 inserto un párrafo complaciente para con los pueblos originarios (el papel lo soporta todo), de escaso valor jurídico y complejidad económica, ya que la aplicación literal de este artículo, llevaría a colisionar con derechos adquiridos en buena ley y comprometer recursos no contemplados; y ni que decir de la ley 26.160 del 2006, que se viene prorrogando desde el 2009, ya que la legislatura no tiene el valor para afrontar la discusión de un asunto de extrema complejidad. Estas cuestiones de integración han tenido amplios debates en otros países de características similares, y como generalmente ocurre, los reclamos de los pueblos originarios se han resulto con ingentes sumas de dinero a cargo de los Presupuestos. En definitiva, una cuestión de capital que otros aprovechan políticamente.